Seguramente ese es el talón de Aquiles de esta decisión de Garzón: emprender una investigación judicial que requerirá mover ingentes medios humanos y materiales para concluir dentro de unos meses - quizás años - que el tribunal no es competente, tal y como sostiene hoy la fiscalía. Lo que cabe preguntarse es si en ese caso el fin perseguido en esta fase procesal - elaborar un censo de desaparecidos - habrá justificado los medios empleados para conseguirlo. Algunos pensarán que no, pero quienes trabajan por recuperar la memoria de las víctimas creen que sí. Y yo con ellos.

   A Garzón se le pueden formular muchas preguntas comprometedoras sobre su verdadera intención, pero la fundamental, la que deja en evidencia una de las esquinas más oscuras de nuestra reciente historia, es cómo esto que ahora reclama el magistrado de la Audiencia Nacional está aún sin hacer, por qué después de setenta años, treinta de ellos vividos ya en democracia, España desconoce aún el número, el nombre, el paradero y las circunstancias en las que desaparecieron decenas de miles de conciudadanos a manos de un régimen dictatorial. Y sobre todo, por qué el peso de esclarecer esta barbaridad sigue recayendo aún, con una ley sobre la Memoria vigente, sobre las asociaciones y los familiares de las víctimas y no sobre el Estado.

   Los desaparecidos no necesitan recuperar una dignidad que nunca perdieron. Su memoria reclama un definitivo acto de justicia que permita localizarlos y ponerlos nombre. Es el mínimo ético exigible. Y eso no es reabrir viejas heridas sino cerrar definitivamente las que aún permanecen abiertas. El censo que ahora reclama Garzón puede contribuir a ello. Si lo consigue, la única pregunta que habrá que hacer al juez dentro de un tiempo es por qué no lo hizo antes.