La Junta de Andalucía acordó iniciar los trámites del proyecto de la pionera en España Ley de "muerte digna", una norma que hará prevalecer, dentro de los límites de la legalidad, los derechos del paciente a poner fin a su vida decidiendo no recibir determinados tratamientos. También están obligados a cumplir las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, incluyendo las de orden religioso. Además, los médicos también deberán respetar la decisión del paciente, sin imponer sus opiniones religiosas, personales, morales o fisiológicas. Al término de la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, expuso en rueda de prensa que la futura Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte evitará situaciones como la vivida en 2007 por Inmaculada Echeverría, cuando la Orden Hospitalaria San Juan de Dios pidió su traslado a un hospital público para que le retirasen la ventilación mecánica que le mantenía con vida. Montero explicó que en el barómetro sanitario de 2007, que se publicará en breve, el 93 por ciento de los andaluces coinciden en que "todo el mundo tiene derecho a morir dignamente", justificando así su decisión de que la futura ley prime la voluntad del paciente por encima de todo. También aclaró que la eutanasia activa no será regulada por la ley, "ya que la comunidad no tiene competencia para legislar esa materia". No obstante, destacó la importancia de la futura ley andaluza, "primera de esas características" que se aprobará en España, y que hará prevalecer la voluntad del paciente por encima de todo, y el derecho a rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, "aunque ello pueda poner en peligro su vida". El texto también plasmará que los profesionales sanitarios que atienden al paciente en su fase terminal deberan respetar las decisiones de éste, sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas. AYUDA AL PACIENTE Los facultativos tendrán la obligación de ofrecer al paciente todas las intervenciones necesarias para garantizar su adecuado cuidado. Además, deben darle toda la información clínica al paciente siempre que así lo desee, con un pronostico y diagnóstico comprensible, con el fin de ayudarle a tomar la decisión. La ley también garantizará los cuidados paliativos integrales, que le serán proporcionados en su propio domicilio siempre que sea posible y el paciente lo desea. Montero también destacó que la nueva ley recogerá el derecho de estos pacientes a disponer de una habitación individual, y podrá estar acompañado en todo momento por su familia durante el proceso de la muerte.
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